El fin de semana último se publicó la Ley N° 31556 la cual tiene como objetivo establecer una tasa especial y temporal del impuesto general a las ventas (IGV) del 8% con la finalidad de reactivar económicamente a las micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, tal como lo indica textualmente la norma; que a mi parecer es una norma con poca lógica y meramente populista. Esta ley estará vigente desde el 01 de septiembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Analicemos la reducción temporal de la tasa de IGV para empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos; en primer lugar partamos de un punto básico “el IGV no es ni costo ni gasto”, en otras palabras su operatividad se basa en trasladar la carga tributaria entre los actores de la cadena de distribución o comercialización, afectando siempre al consumidor final; entonces, si las empresas del sector siguen comprando sus productos afectos a un IGV del 18% y ellos trasladaría a sus consumidores un 8%, esto claramente genere un desface temporal de caja, en palabras simples siempre asumiría un mayor pago de IGV por las compras lo que me generaría un saldo a favor constante de IGV (efectivo inmovilizado).

Lo explicado líneas arriba se daría en el utópico caso que las empresas trasladen la reducción de la tasa del IGV al precio que paga el consumidor final, esperando que se cumpla la elasticidad de la demanda, sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que eso no sucede y lo que se estaría logrando con este incentivo o beneficio tributario es financiar a un grupo de empresas (ver cuadro), esto se pone de manifiesto si tenemos presente que por lo general los comercios del sector que se encuentran dentro de la micro empresa por lo general están el régimen tributario simplificado, por lo que este beneficio ni les suma ni les resta.

Considero que es necesario incrementar la demanda y ampliar la base tributaria, con la finalidad de dinamizar la economía, por ende, generar una mayor recaudación, pero esto se debe dar con políticas a largo o mediano plazo y de forma general, que considere integrar la economía en su conjunto.